lunes, 28 de enero de 2008

LA MANO EN LA LATA


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La Mano en la Lata repasa toda la historia de la gran maniobra en los casinos municipales. Comienza por la paciente investigación periodística que demandó casi dos años, muestra cómo se gestó el plan delictivo y da a conocer el fallo completo de la jueza penal Fanny Canessa. El libro contiene algunas muestras de la “cocina” que les tocó vivir a los periodistas en el transcurso de su trabajo. Y está aderezado con los documentos que resultaron fundamentales para la investigación periodística y la indagatoria judicial que determinó los procesamientos con prisión.

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Fue en uno de esos sofocantes días de fines del verano de 2006. La cita había sido pactada en un lugar neutral. El sitio estaba bastante mal iluminado y el golpeteo del desvencijado ventilador de techo sonaba monótonamente produciendo una sensación casi hipnótica. Ese aleteo metálico era levemente interrumpido por el sonido de la bombilla cuando ya no queda más agua en el mate. Frente a los periodistas un numeroso grupo de personas comenzaba a esbozar, en forma desordenada, los primeros indicios de lo que luego se convertiría en una larga investigación que demandó mucho más que tiempo.
A medida que contaban detalles de la historia (que luego debieron ser trabajosamente comprobados) la temperatura corporal aumentaba. Y en particular la de uno de los informantes que, desesperado porque el ventilador de techo no soplaba en su dirección, pidió un vaso de agua y se sacó la camisa. La situación era rara y al mismo tiempo cómica: no es frecuente conversar con una “fuente” brindando información tan delicada con el torso desnudo y en bermudas. Por suerte las risas descomprimieron un poco la situación.
Quienes hablaban sabían que toda la información que estaban trasmitiendo era de extrema gravedad (aunque en ese momento los periodistas apenas imaginaban las repercusiones periodísticas, políticas y judiciales que su divulgación iba a tener), y querían ser precavidos.
Por esa razón, y desde el inicio del proceso de chequear cada uno de los detalles conversados, lo primero que hicieron los periodistas fue “bautizar” con diferentes apodos a cada uno de estos informantes y a los otros que fueron apareciendo en el devenir de la investigación. Al principio por pura precaución. Luego quedaría claro que la identidad de esas personas sería un motivo de particular interés para mucha gente involucrada en el caso, pero también para otros que no lo estaban tanto. Era una cuestión de seguridad, para las fuentes y los periodistas.

Unos cuantos litros de mate después y pese a la densa humareda que habían dejado decenas y decenas de cigarrillos, el panorama comenzaba a quedar claro: en el déficit de los casinos municipales que desde 2000 a 2005 llegó a los 16 millones de dólares estuvieron involucrados varios empresarios, ex jerarcas municipales, familiares y amigos. Directa o indirectamente.
Mientras uno de los informantes intentaba darle más potencia al destartalado ventilador, otro sudoroso defendía apasionadamente sus sospechas. El contador Juan Carlos Bengoa, dirigente de Asamblea Uruguay (au), había sido director de los casinos municipales durante la última gestión del intendente Mariano Arana (2000-2005) y con la llegada del gobierno progresista se convirtió en titular de la Dirección General de Casinos (dgc), que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, comandado por el líder de ese grupo, Danilo Astori. Por eso, los informantes no vacilaban en llamarlo el “contador de Danilo”, por su profesión, y porque tanto en las salas de juego municipales como en las que administró mientras estuvo al frente de la dgc su misión fue una sola: recaudar.
El relato comenzaba a encajar pieza por pieza: Bengoa y dos de sus más estrechos colaboradores, Orestes González Braida (luego “ascendido” o “premiado” junto con Bengoa al frente de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas) y José Luis Antúnez de Oliveira, tomaron decisiones que beneficiaron a un complejo entramado de empresas que vendió o arrendó máquinas tragamonedas (slots) a la imm.
El ventilador hacía volar de la mesa algunas de las hojas que probaban, parcialmente, que en varias de esas empresas trabajaban familiares directos y amigos de González y de Antúnez. Pocos meses después se confirmaría que también había un familiar de Bengoa (...) Gracias a charlas posteriores con otras fuentes (sin conexión entre sí) a los periodistas también les había quedado claro que en las altas esferas del gobierno nacional y departamental se conocía al dedillo una parte de esta historia, pero por motivos todavía desconocidos no había progresos en la investigación.
(...) En conversaciones anteriores a esa, confesarían luego, estuvieron varias veces tentados de brindar los datos que poseían. Pero el temor a ser identificados por cualquier tipo de filtración había sido más fuerte. Hasta ese día.

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La noticia ocupó muy poco espacio y pasó inadvertida. El 16 de mayo de 2006 el ministro Astori y el intendente de Canelones, Marcos Carámbula, firmaron un convenio como paso previo a un llamado a licitación pública internacional para la concesión del hipódromo de Las Piedras.
Según el esbozo de aquel plan para revitalizar el viejo escenario hípico, el adjudicatario podría disponer además de hasta cinco salas de máquinas tragamonedas, cuatro en el Interior y una en Montevideo, aunque esto no implicaba necesariamente la apertura de nuevos locales.
Pero la difusión pública de este acuerdo se realizó recién en junio de 2006 y derivó en un nuevo capítulo de la sorda batalla que ya libraba la imm con la dgc por la suerte de las salas de apuestas en la capital. Eso sin contar que Bengoa estaba molesto porque había comenzado a andar la auditoría interna, ordenada por el intendente para investigar su gestión.
Ehrlich se encontraba en su despacho trabajando con algunos colaboradores, cuando uno de ellos recibió la llamada de un periodista. Le estaban consultando qué pensaba del anuncio que habían hecho Carámbula y Astori, que incluía la apertura de una nueva sala de slots en Montevideo. El asesor se sorprendió, y dijo no estar al tanto del asunto. Así fue que le trasladó la pregunta al jefe comunal, quien tuvo un inusual episodio de furia que lo llevó a golpear repetidamente su puño contra la mesa. El principal objetivo de su molestia era Bengoa.

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El dato de que Bengoa, González y Antúnez se conocían mucho antes de que el “azar” los juntara para comandar el destino de los casinos municipales flotaba en el ambiente. Esa información había llegado de buenas fuentes. Había que chequearla.
(...) Luego vendrían las pruebas de que González había trabajado en la cooperativa de taxímetros
Coprata desde 1985 hasta marzo de 1997, fecha en que fue despedido. Bengoa, por su lado, fue contador general de Coprata entre 1993 y 1996 (...) Había quedado establecido que Bengoa y González habían trabajado juntos, sólo faltaba saber si Antúnez era conocido de los dos también mucho antes de entrar a la imm.
Pocos meses después de ser despedido de la quebrada Coprata, González ingresó en 1997 a la automotora Antra
sa. Allí figuró ante el Banco de Previsión Social (bps) durante casi dos años como director de la empresa, pero sin remuneración. Luego la automotora, al igual que Coprata, se fundió.
Antúnez también trabajó en Antra
sa, exactamente en los mismos años que González, entre 1997 y 1999. Y renunció un mes después de que González Braida dejara su puesto de director. A esa altura sería imposible pensar que en una automotora tan pequeña ellos dos trabajaran juntos y no se conocieran. En realidad la pesquisa revelaría que, muy por el contrario, habían trabado una relación amistosa muchos años antes, y en circunstancias bien diferentes.
La historia remite a sus años de militancia en el Movimiento de Liberación Nacional (
mln).

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Después de seis meses de que se conociera la existencia de una red de empresas que se beneficiaba del negocio de los casinos municipales, y de numerosas instancias judiciales para echar luz sobre el oscuro asunto, a finales de agosto la situación del principal involucrado, Bengoa, sufrió un cambio sustancial.
(...) Hasta ese momento Bengoa aparecía como el responsable de las políticas institucionales, e ideólogo de una gestión que había resultado notoriamente perjudicial para la
imm desde el punto de vista económico. Pero su situación empeoró aun más.
En el correr del mes de julio varias fuentes que nunca quisieron identificarse se comunicaron telefónicamente con los periodistas que habían llevado adelante la investigación sobre los casinos municipales, para aportar datos que hasta ese momento se desconocían. En medio de la gran cantidad de informaciones agregadas había una que llamaba particularmente la atención, y era la presencia de un familiar de Bengoa en una de las empresas arrendadoras de máquinas tragamonedas.
El dato tardó en confirmarse. Finalmente, las averiguaciones dieron sus frutos: la empresa en cuestión era Folway
sa, y el nombre del familiar era Javier Dibitonto, hermano de Andrea, la pareja de Bengoa.

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