En este link de la página web de la Junta Departamental de Montevideo se recoge un debate entre los ediles acerca de los alcances de lo publicado en el libro. En concreto, la oposición solicita que la IMM revise los contratos vigentes con las empresas arrendadoras de slots, debido a que algunos de los involucrados en las maniobras están presos o siendo investigados, pero las empresas siguen cobrando por el alquiler de las máquinas tragamonedas.
Una situación bastante rara. ¿Porqué si hay directivos de las empresas en prisión, los contratos de las firmas que ellos representan (y que llevaron a los casinos municipales a la debacle) no fueron rescindidos?
Una situación bastante rara. ¿Porqué si hay directivos de las empresas en prisión, los contratos de las firmas que ellos representan (y que llevaron a los casinos municipales a la debacle) no fueron rescindidos?
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